Por Roberto Veiga González
Las actuales circunstancias en Cuba exigen consolidar, en poco tiempo, todo un universo de equilibrios con capacidad para asegurar el desarrollo social, sin atravesar por situaciones convulsas. Convencidos de esto, muchos optamos por un sendero de reformas signado por una integración gradual de toda la pluralidad socio-política-cultural en el desempeño de la institucionalidad establecida y que las dinámicas positivas que emanen de esa interacción ajusten las instituciones hacia un diseño más liberador y democrático.
La economía cubana demanda una pronta e intensa evolución, porque la satisfacción de las necesidades constituye el primer elemento de estabilidad social y de legitimidad de cualquier modelo político y de todo gobierno. Este desafío exige el desempeño de una sólida economía mixta, insertada en el entramado económico global, y el diseño de un modelo de redistribución equitativa de la riqueza, lo cual constituye una de las metas históricas de la nación. Y esto no será posible sin una contribución efectiva de países importantes.
Igualmente, hemos de tomar conciencia de que se conseguirá un desarrollo económico acelerado capaz de contribuir al equilibrio social, solo con una dinámica activa del movimiento sindical. Esta organización está forzada a congregar a los trabajadores y a reivindicar sus propuestas. Sin el desempeño efectivo de los sindicatos siempre será difícil acercarse al progreso armónico entre el decurso de los mecanismos económicos y los intereses sociales.
Esta temática nos remite a la cuestión de la sociedad civil. Resulta difícil definir quiénes serían ahora los representantes de la misma. Las asociaciones establecidas, que han participado en el diseño del sistema, conservan vigencia, pero su naturaleza institucional padece de agotamiento, porque dadas las circunstancias históricas y políticas, no siempre han conseguido el justo equilibrio entre la representación de los intereses sociales definidos por las instancias oficiales y los intereses de los sectores que aglutinan. Opino que estas instituciones han de iniciar un sendero de reposicionamiento que les permita recuperar su universo de sentidos. Por otro lado, desde hace años tenemos una realidad nueva, marcada por el quehacer de una multiplicidad de actores y de proyectos autónomos, que en unos casos funcionan en la periferia de la institucionalidad legal, en otros casos fuera de ella y en algunos casos en confrontación directa y vertical con la misma. En tal sentido, los actores y proyectos que hemos alcanzado visibilidad pública durante los últimos años no podemos reclamar el derecho de representar a segmentos sociales, pues ha faltado la posibilidad de legalizarnos, de institucionalizarnos, de trabajar con facilidades para consolidar nuestro desempeño dentro de la sociedad, de apreciar quiénes consiguen o no consolidarse y de conocer finalmente a quiénes la ciudadanía le concede cuotas de representación. La factibilidad de trabajar para conseguir esto, sí la debemos reclamar ahora. Por eso, confiamos que la nueva Ley de asociaciones, sobre la cual se trabaja actualmente, asegure la institucionalización de la nueva subjetividad social y, como es justo, le exija, a su vez, responder a los intereses compartidos de la nación.
Lo anterior podría demandar una nueva Ley electoral, pues la mayoría de los cubanos sostiene que los candidatos al parlamento provengan preferentemente de las instituciones sociales no partidistas, y en el futuro próximo podríamos contar con un novedoso tejido asociativo. En esto parece haber cierto consenso, aunque escuchamos diversas opiniones acerca de cómo debería ser diseñado el proceso. Ya existe, deseo señalarlo, algún debate público en torno al tema, en el cual aspiro participar.
Otra necesidad social se refiere al empeño de continuar promoviendo un pueblo educado. Para eso se hace necesario una profundización y diversificación de los quehaceres educativos, culturales, espirituales e informativos. Esto podría redundar en un desempeño cada vez mayor de la libertad responsable y en una orientación más sólida acerca de la justicia. Ello, seguramente, contribuiría además al fomento de cierta mística del deber en torno al bien de Cuba y de cada cubano, a partir de la cual sea posible el reconocimiento de la diversidad social y el desempeño armónico de la misma.
En un contexto de esta índole estaríamos forzados a procurar un esbozo, bastante acabado, de la posible modernización del actual modelo de Estado. Todo parece indicar que la Cuba profunda anhela que, al hacerlo, seamos capaces de asegurar que el ideal de República re-diseñado garantice la centralidad de la ciudadanía.
Al cincelar dicha modernización estamos obligados a discernir sobre algunos aspectos. Algunos de ellos son: 1) El ensanchamiento de las posibilidades para que la ciudadanía y las instituciones puedan controlar el respeto y la promoción de los preceptos constitucionales. Esto contribuiría a la realización de la justicia y al cumplimiento de la legalidad, y aportaría al desarrollo de la cultura jurídica. 2) El reforzamiento de la profesionalidad y la autoridad del sistema judicial. 3) El mejoramiento del funcionamiento de la Asamblea Nacional, lo cual demanda que sea más activa y sistemática, y se modifique la manera de elegir a los diputados, para que pueda existir cierta competencia sobre la base de las proyecciones de los candidatos, e igualmente alcanzar una interrelación sistemática y positiva entre los representantes y los ciudadanos. 4) El rediseño de la manera de elegir al jefe del Estado y del Gobierno. El capital político que otorgó el poder a Fidel Castro y a Raúl Castro, no estuvo dado por la ratificación que les concedió la Asamblea Nacional. A un nuevo político podría resultarle difícil gobernar si no arriba a dicha responsabilidad a través de otros mecanismos que le otorguen base, legitimidad y autoridad. 5) Comprender que esta dinámica social demanda un gran desempeño político. Esto hace forzoso pensar sobre la factibilidad de salvar la capacidad del PCC para hacer política en medio de toda la sociedad. En tal sentido, he planteado en ocasiones la posibilidad de privar al PCC de los elementos que lo colocan como un mecanismo de control, por encima de la sociedad y del Estado. Esto privaría de cargas innecesarias a la sociedad y a las instituciones públicas, y ubicaría al PCC en una dinámica más apropiada a su naturaleza institucional. Ello forzaría al partido a conseguir su hegemonía, no por medio de prebendas jurídicas, sino a través de un ejercicio agudamente político; y dicha circunstancia aportaría bien al PCC y a la cultura política de la población. 6) También podría resultar beneficioso crear garantías para asegurar que si la realidad estableciera el pluripartidismo, este deba ser leal a las entrañas de la cubanidad; y que, ya sea en medio de una pluralidad de fuerzas políticas o ante la existencia de un partido único, estos no puedan secuestrar la soberanía popular. 7) Deberíamos poder llegar, con suficiente claridad, a un momento como el delineado, para entonces finalizar el anunciado proceso de reforma constitucional. No se debe procurar culminar dicho quehacer, sin un camino previo que oriente sobre el futuro de estos aspectos fundamentales.
Otro reto importantísimo está relacionado con la eficiencia de los sistemas de seguridad; aunque ello disguste a quienes, con razón, desean defender los ideales de una democracia civil que reduzca al máximo el rol de estos mecanismos. La sociedad necesita confiar en que, para promover su desarrollo, cuenta con el apoyo de la fuerza de las armas, y que estará adecuadamente resguardada ante la corrupción y la criminalidad que pueden desatar un proceso de liberación creciente. Por otro lado, nuestras características geográficas exigen de una estrategia, de unos mecanismos y de una profesionalidad de los sistemas de seguridad, pues nuestros tantos kilómetros de costas y nuestra cercanía a Estados Unidos podrían convertir al país en la capital de la mafia.
Deseo destacar aquí que la deseada consolidación de las relaciones entre la Isla y Estados Unidos aportará decididamente al desarrollo y a la estabilidad del país. En este momento se han abierto las puertas de un escenario clausurado por más de medio siglo, que puede contribuir al sosiego social y por ende a una evolución, incluso, de nuestro modelo político. Sin embargo, deseo reconocer que el proceso estará marcado por complejidades, que conseguiremos sobrepasar únicamente a través del respeto, la comprensión y la creatividad. Existen temas puntuales que pudieran dificultar dicho avance. Me referiré a una de estas cuestiones.
El asunto de los Derechos Humanos en Cuba resulta un tema que muchos incorporan como condición para desarrollar las relaciones bilaterales. Considero que constituye una cuestión a dialogar. Sin embargo, al hacerlo hemos de considerar la materia atravesada por las circunstancias que han influido sobre la misma. De lo contrario, los juicios podrían resultar errados y se dificultarían las posibles soluciones. En tal sentido, deseo exponer algunas precisiones.
Si apreciamos la actual práctica social en Cuba, podríamos sostener que prevalece una concepción que privilegia la igualdad y los derechos sociales. Ambos ideales resultaron ser aspiraciones que no se estimaban satisfechas en nuestra época histórica conocida como republicana. Atentaban contra dicho propósito ciertas visiones que, desde sectores influyentes en la Isla y en Estados Unidos, privilegiaban los denominados derechos individuales en detrimento innecesario de los derechos sociales y de la igualdad. El forcejeo entre estas tendencias provocó que con el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, que contó con el apoyo de amplios sectores populares, ávidos de igualdad y derechos sociales, comenzara un proceso de exclusión de las visiones liberales y de los mecanismos que le ofrecían poder. Esto favoreció el establecimiento de derechos sociales y de marcos de igualdad. Sin embargo, limitó ciertas libertades, así como las relaciones de la Isla con países importantes. Esto condujo a un modelo de resistencia, pero no a un modelo de desarrollo. Por ello, estamos obligados a completar la obra. Se hace imperioso ensanchar las libertades restringidas y asegurar que a través de ellas no se restablecerá aquel pasado signado por una concepción que legitimaba la desigualdad.
La realidad muestra que únicamente sin los obstáculos que emanan de un clima hostil entre Cuba y Estados Unidos, podríamos conseguir el universo de estabilidad interna necesaria para afrontar, con éxito, el ensanchamiento de esas libertades, una adecuada apertura política y un sereno ajuste de la institucionalidad nacional. Por eso, quienes deseamos el bienestar de Cuba, y el entendimiento y la colaboración entre los dos países, tenemos la obligación de comprometernos para que esta apertura conseguida, con el esfuerzo de muchos, nos conduzca al éxito.
*Los días 27 y 28 de enero de 2015 un grupo de emprendedores, blogueros, cineastas e intelectuales cubanos viajaron a Washington DC para intercambiar con políticos, diplomáticos, periodistas, empresarios y académicos estadounidenses y cubanoamericanos, en un encuentro organizado por el proyecto Cuba Posible y el Cuba Research Center. El texto anterior constituye una ponencia presentada durante esta cita.
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