Prisión por fraude escolar

Tomado de Visión desde Cuba, por Luis Ernesto Ruiz Martínez

El pasado 9 de junio se informó acerca de la investigación sobre los hechos de fraude cometidos en el proceso de ingreso a la enseñanza superior del curso escolar 2014-2015, en la provincia de La Habana. Como resultado del amplio material probatorio en el juicio oral realizado en días recientes, el Tribunal Municipal Popular de Marianao, sancionó a siete personas como responsables de la comercialización de las pruebas docentes y otras modalidades delictivas vinculadas con estos hechos.

Se demostró que en el proceso de impresión, reproducción y embalaje de los exámenes de ingreso a la Educación Superior, el ciudadano Leonardo Mosés Viera, quien se desempeñaba como jefe de Brigada en la Imprenta "Félix Varela Morales", perteneciente al Ministerio de Educación Superior, se apropió de varios ejemplares de las pruebas correspondientes a las asignaturas de Matemática, Español e Historia y procedió a venderlas a otras personas en la suma de180 pesos convertibles.

Los referidos exámenes fueron del conocimiento de varios estudiantes, procediendo uno de ellos, a solicitarle a Vítor Romero Mendoza, profesor de Matemática del Instituto Preuni­versitario José Martí, del municipio de la Habana Vieja, que le solucionara la prueba de esa materia, decidiendo el citado profesor entregarle el examen a Karel López Guerrero, profesor del Instituto Preuniversitario "Gerardo Abreu Fon­tán", del municipio de Centro Habana, quien a su vez se la facilitó a Daisy Márquez Rodríguez, profesora de Química del mismo centro docente, con el objetivo de que se comercializara en las sumas de 40 y 50 pesos convertibles, lo que esta realizó vendiéndolo a varios estudiantes y padres de alumnos, al igual que hizo con el de español que había obtenido por otras vías.

Al mismo tiempo los exámenes apropiados por Leonardo Mosés Viera fueron del conocimiento de Arian Valdés Alonso, profesor del Instituto Preuniversitario "Arístides Vie­ra", quien preparó ejercicios similares para algunos alumnos, que también proporcionó a Bárbara Maricela Gómez Martínez, metodóloga provincial de la asignatura de Matemática y al profesor Lázaro Antonio Fernández Acevedo, los que conociendo su procedencia ilícita los emplearon para repasar a sus hijos.

Durante el juicio oral se demostró que los acusados Vítor Romero Mendoza, Karel López Guerrero, Daisy Márquez Rodríguez, Arian Valdés Alonso, Bárbara Maricela Gómez Martínez y Lázaro Antonio Fernández Acevedo, sin tener autorización legal, se dedicaban a repasar grupos de estudiantes para su preparación a las pruebas de ingreso a la Educación Superior, a los que cobraban sumas de dinero en moneda libremente convertible.

Por estos hechos fue necesario repetir el examen de Matemática aplicado el 6 de mayo del 2014 y modificar los de Español e Historia, así como las convocatorias extraordinarias de las tres asignaturas, lo que generó gastos al Ministerio de Edu­ca­ción Superior ascendentes a veintiocho mil seiscientos cuarenta y un pesos con treinta y cinco centavos (28 641.35), y a la Universidad de La Habana en mil doscientos noventa pesos con cincuenta y nueve centavos (1 290.59).

El tribunal consideró que estos hechos son constitutivos de los delitos de hurto, revelación de pruebas para la evaluación docente y actividades económicas ilícitas previstos en el Código Penal, y teniendo en cuenta que el actuar de sus responsables demuestran la pérdida de valores éticos y atentan contra el prestigio de nuestro sistema educacional, a la vez que provocan el rechazo de la sociedad, de padres y estudiantes, y, en especial, de los maestros y trabajadores del sector educacional que por varias generaciones han enaltecido y defendido esa noble labor como una de las conquistas de la Revolución, acordó sancionar a Leonardo Mosés Viera a 8 años de privación de libertad; a Karel López Guerrero y Arian Valdés Alonso a 4 años de privación de libertad; a Daisy Márquez Rodríguez a 3 años de privación de libertad; a Bárbara Maricela Gómez Martínez a 2 años y 6 meses de privación de libertad; a Lázaro Antonio Fernández Acevedo a 2 años de privación de libertad y a Víctor Romero Mendoza a 1 año y 6 meses de privación de libertad.

El tribunal impuso además a todos los acusados las sanciones de privación de derechos públicos, la prohibición del ejercicio de la profesión para los vinculados a la actividad docente y estableció las prohibiciones migratorias pertinentes.

Asimismo los encartados fueron declarados responsables civilmente por los hechos cometidos y deberán resarcir al Ministerio de Educación Superior y a la Universidad de La Habana por los perjuicios ocasionados.
Durante la investigación y el desarrollo del juicio oral, los encausados contaron con las garantías establecidas en la legislación procesal penal, ejercieron su derecho a la defensa y fueron representados por los abogados de su elección.

Contra la sentencia dictada, tanto los acusados como el fiscal, tienen el derecho de establecer recurso de apelación ante la Sala correspondiente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.