En los próximos días hará un año de que se anunciara oficialmente el inicio del proceso de unificación monetaria en el país, y a lo largo del tiempo transcurrido desde entonces el tema ha mantenido presencia en los medios y en las discusiones entre la población. Sobre este asunto, en un comentario de finales del pasado año se subrayaba "no debe perderse de vista que se trata de un complejo proceso interrelacionado con el programa de transformaciones estructurales en curso, y que requerirá tiempo para su aplicación gradual".
Sin embargo, algunos trabajos publicados desde entonces –si bien han destacado la complejidad de este proceso– no han resaltado las razones que llevan a considerarlo así, lo que ha llevado, en ocasiones, a pensar que se trata de un conjunto de medidas que únicamente depende de la toma de decisiones y que estas no tienen por qué demorarse.
Parece entonces válido retomar el tema para tratar de entenderlo mejor.
Al respecto es necesario recordar que la implantación de un régimen de dualidad monetaria en agosto de 1993 se decidió para alcanzar objetivos de gran importancia a corto plazo. En primer término, evitar una fuerte devaluación del peso cubano, cuya tasa de cambio oficial se situaba en un peso (CUP) igual a un dólar (USD), cuando en la economía informal las cotizaciones llegaron a niveles de 120 a 150 CUP por USD en los primeros meses de 1994.
En las condiciones que enfrentaba el país entonces una decisión de ese tipo –que también podía acompañarse de un cambio de moneda, como proponían algunos economistas– hubiera provocado un impacto de consecuencias imprevisibles, ya que implicaba modificar de una sola vez toda la contabilidad social y ajustar abruptamente los parámetros de funcionamiento de las empresas, así como el poder de compra de la población, en una coyuntura de descenso sostenido del PIB.
Resultó entonces preferible introducir modificaciones graduales para segmentar las relaciones económicas entre las empresas, diferenciando aquellas cuyos resultados podían generar divisas a corto plazo –las cuales comenzarían a operar directamente en moneda convertible– de aquellas que debían mantenerse trabajando en moneda nacional (CUP), al tiempo que estas últimas eran sometidas a un proceso paulatino de redimensionamiento, y se les asignaban centralmente los recursos en divisas indispensables para su operación.
Por otra parte, al autorizarse la circulación legal de un grupo de monedas extranjeras en el país con el Decreto Ley Nº 140, se abrió paso a la tenencia de divisas mediante remesas para un segmento de la población, lo cual permitió al país recibir recursos que el Estado colectaría a través de un impuesto sobre las ventas en las tiendas de recaudación de divisas (TRD) especialmente diseñadas para ello, en tanto parte de la población podría acceder a la compra de diversos bienes en los mencionadas establecimientos.
Esta decisión –valorada como inevitable en esas circunstancias– introducía una diferenciación en las entradas de la población. Para tratar de mitigar sus efectos, el gobierno estableció claramente una política de redistribución de los ingresos captados en las TRD a favor de toda la sociedad, posibilitó el acceso a la moneda fuerte mediante su adquisición en moneda nacional y creó sistemas de estimulación en divisas para los trabajadores.
De tal modo, se estima que en el primer año de aplicada esta medida entraron al país unos 537 millones de dólares por esa vía, lo cual permitió a una parte de los cubanos –estimada en el 21% del total– recibir ingresos que en ese contexto podrían considerarse extraordinarios, al tiempo que el Estado se nutría de recursos indispensables para cubrir necesidades elementales de quienes no tenían acceso a esos recursos.
Complementariamente se crearon las Casas de Cambio en octubre de 1995 (CADECA), las cuales permitieron convertir la liquidez acumulada en CUP en USD o CUC, a una tasa de cambio determinada por el mercado. Esa tasa fue inicialmente de 35 CUP por USD/CUC y varió hasta la actual, de 24/25 CUP por CUC.
Por otra parte, desde el punto de vista de la política económica, puede decirse que la dualidad monetaria facilitó la inversión extranjera, al crear mejores condiciones para operar directamente en moneda convertible en una economía segmentada que no llevaría a cabo una devaluación monetaria abrupta.
No obstante, el régimen de dualidad monetaria en Cuba siempre se concibió como temporal y en el V Congreso del PCC, celebrado en 1997, ya se había establecido la necesidad de su eliminación gradual, dadas las complejidades asociadas con su operación en la medida en que la economía se recuperaba.
En resumen, los beneficios de la dualidad monetaria a corto plazo se materializaron en la creación de condiciones para el rápido incremento de la inversión foránea a partir de 1994, el establecimiento de esquemas de autofinanciamiento descentralizado en moneda convertible para empresas estatales, el ingreso de remesas al país y la implementación de esquemas de estimulación en divisas a partir de 1993 para trabajadores estatales, siempre de acuerdo con los resultados del esfuerzo laboral.
Sin embargo, los beneficios a corto plazo comenzaron a ser superados por los costos que imponía la dualidad monetaria en la medida en que esta se extendió en el tiempo. Entre ellos estaba la dificultad para medir adecuadamente la actividad económica del país al sumar costos imputados en CUP con los calculados en USD/CUC.
Desde finales de los años 90 se hizo evidente la necesidad de emprender un proceso de reunificación del sistema monetario en el país, pero numerosos obstáculos impidieron entonces llevarlo a cabo de manera expedita.
(Tomado de Cuba Contemporánea)
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