viernes, 13 de junio de 2014

Judicializar la política

En América Latina donde las instancias judiciales no se caracterizan por su independencia, probidad y eficiencia, es cada vez más frecuente que al dejar el gobierno, los ex presidentes sean acusados, juzgados y en algunos casos condenados por delitos cometidos mientras ejercían el poder. La tendencia a la judicialización de la política evidencia avances en la lucha contra la corrupción gubernamental, aunque también revela defectos estructurales del sistema político.

La democracia liberal a cuyo amparo debieron formarse sistemas políticos en los cuales las mayorías son empoderadas para ejercer, entre otros, el derecho a elegir a los gobernantes y dotarlos de poderes y facultades moderadas establecidas por constituciones. En su gestión los mandatarios deberían ser asistidos por parlamentos y entidades judiciales capaces de ejercer el control del poder. El diseño experimentó grandes fracasos, no porque fuera imperfecto, sino porque las oligarquías los condicionaron.

Los defectos del sistema político en nuestras sociedades emanan no de las doctrinas que le dan origen sino del modo como se interpretan y operan. La democracia, la república y el presidencialismo, estructuras predominantes en el continente, no son perfectas, aunque tampoco responsables de la corrupción y de la incapacidad de las fuerzas políticas que durante doscientos años las administraron.

Fueron esas fuerzas las que convirtieron las elecciones directas en fuente de corrupción y peculado, hicieron de los presidentes virtuales "reyes sin corona", convirtieron a las constituciones en letra muerta y a los parlamentos en refugio de demagogos y privilegiados.

Las exageradas inmunidades jurídicas de que disfrutan los políticos en ejercicio, además de proteger las funciones públicas y a quienes las desempeñan, en muchas ocasiones actúan como un blindaje que permite a los gobernantes incurrir en arbitrariedades, abusos de poder, incluso cometer delitos, generalmente económicos, muchas veces consistentes en malversación, robo, soborno, tráfico de influencias, evasión fiscal y otros análogos sin temor a ser enjuiciados.

Los procesos judiciales a posteriori, si bien en muchos casos están justificados y resultan ejemplarizantes, no dejan de ser un remedio, aunque relativamente eficaz, incapaz de prever e impedir el acceso al poder a personas que no lo merecen y evidencia que las instituciones no son suficientemente solventes para impedir que tales cosas ocurran.

En lo que para algunos es una paradoja, en América Latina, las fuerzas de izquierda, próximas a los enfoques socialistas son las que hacen funcional la democracia que es el instrumento más eficaz para un correcto ejercicio del poder y para la lucha contra la corrupción de alto estándar.

El socialismo que amplía el sector público de la economía, incrementa los servicios a la sociedad y consiguientemente los gastos e inversiones a cuenta de fondos sociales y concede al Estado mayores responsabilidades y atribuciones; necesita de la democracia y la transparencia, de parlamentos realmente representativos, de un poder judicial eficaz e independiente y de mecanismos de control social del poder eficaces.

La creencia de que el autoritarismo, los controles excesivos y el voluntarismo sustituyen a los procedimientos de dirección colectiva, la transparencia y la democracia es una ilusión fatal. Las experiencias están a la vista. Allá nos vemos.


 

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