Días atrás Progreso Semanal publicó un trabajo titulado "Para cuando terminen el Capitolio…" en el que se afirmó que El Capitolio, sometido ahora a una su restauración general, sería la sede nuevamente del parlamento cubano y que para ello ocuparía la planta baja y el ala norte del tercer y cuarto pisos. La materialización de esa idea pudiese traer consigo cambios políticos en Cuba, que trascienden a un simple movimiento de locación de la actual sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hoy se encuentra en la esquina donde convergen las calles 42 y 23, en el municipio capitalino de Playa. Aunque es válido aclarar que allí solo se encuentran las oficinas y que las pocas veces que sesiona en el año, de manera ordinaria y extraordinaria, con sus más de seiscientos diputados, lo hace en el Palacio de las Convenciones.
La mudada, ya sea inminente o demorada –esto al parecer dependerá sobre todo de la gestión constructiva que va avanzando con obstáculos– plantea preguntas sobre la estructura y las funciones de ese órgano de representación de nuestro sistema político. ¿El hábito hace al monje? El Capitolio fue construido originalmente para acoger a un parlamento distinto al de hoy. ¿El cambio de sede podría marcar el momento para una renovación en aspectos que ya están desde hace un tiempo en la agenda pública?
El primero está relacionado con sus escasas sesiones. Según la Constitución cubana, la Asamblea Nacional debe reunirse dos veces al año de forma ordinaria. Esto tradicionalmente sucede a mediados y a final de año; de forma extraordinaria puede reunirse las veces que sean necesarias, previa convocatoria del Consejo de Estado, lo que sucede casi siempre una vez más en el año.
Cuando la asamblea no sesiona, en su lugar –y no en su grado- lo hace el Consejo de Estado, un órgano que la representa y está integrado por 31 miembros, que no son elegidos por el voto popular, sino que mediante la elección directa de los ciudadanos, primero ingresan al Parlamento en condición de diputados, y es ese mismo Parlamento recién constituido, quien elige entre todos sus miembros, a los integrantes del Consejo de Estado, así como a su jefatura.
A ello está vinculado un segundo reclamo: el peso que ha tenido el Consejo de Estado en la actividad legislativa en Cuba, cuando ha regulado cuestiones esenciales de la sociedad cubana, a través de decretos-ley, que debían o podían hacerse mediante ley, teniendo en cuenta el significado político-jurídico de esta, y al margen de la equiparación, que en 1979 haya hecho la propia Asamblea Nacional entre estas dos disposiciones jurídicas de diferente rango.
Un tercer reclamo tendría que ver con la dinámica de las sesiones. En particular, con la marcada tendencia a la unanimidad en las votaciones de los proyectos de ley, como manifestación de un posible pensamiento monolítico y poco disentido de sus miembros, que en principio, en nada tendría que ver con el monopartidismo. Las posibles discusiones, según se dice, ocurren en las comisiones previas, pero en plenario, lo que observa el soberano en las sesiones –editadas y diferidas– que se trasmiten en televisión, suele ser un ejercicio de aprobación prácticamente unánime.
El cuarto, recaería sobre la cuestionable eficacia de una de las esencias del actual parlamento cubano: su representatividad. En él quedan representados los diferentes estratos de la sociedad cubana, de ahí que puedan conseguir la condición de diputados, obreros, campesinos, militares, deportistas, religiosos, intelectuales, artistas, entre otros tantos. Nuestros diputados no son tecnócratas, no viven de la política, y la propia constitución es clara al precisar que su status no entraña privilegio, ni beneficio económico alguno, y que mientras representen al pueblo, mantienen el vínculo laboral que tenían antes de la elección, y por este reciben su salario. Pero ¿hasta qué punto esa hiperrepresentatividad social y la carencia de especialización en la gestión política (que ya se sabe es un arte), estén condicionando la actividad legislativa en Cuba?
Teniendo en cuenta estas posibles demandas, un cambio de sede del parlamento cubano "actualizaría" –para estar a tono con la nomenclatura- el mandato constitucional de que "la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo", como único órgano con potestad legislativa en la República.
Ello acaecería por un simple hecho: ubicar al Parlamento cubano en la planta baja, y en el ala norte del tercer y cuarto piso, conllevaría, ¿indefectiblemente?, a reducir en más de la mitad el total de sus miembros.
Antes de 1959, el Congreso cubano sesionaba en El Capitolio con 54 senadores y un número que pudo sobrepasar los 100 miembros de la Cámara de Representantes, en dependencia del momento político. En la actualidad podría pensarse en una Asamblea Nacional del Poder Popular reducida a 280 diputados; esto pudiera incidir positivamente en la lógica representación-mandato popular, en la cual se debe mover este importante órgano de decisión estatal.
Con ello la representatividad no quedaría sacrificada, sino "perfeccionada" a través de diputados con mayor conocimiento de la política (que no significa necesariamiente cultura política, otros bemoles). No obstante, quedaría la interrogante de si los diputados que se sienten en El Capitolio serían trabajadores de la política o seguirían siendo personas con disímiles vínculos laborales que piensan y discursan sobre política.
Preferiría la primera opción, porque de esa manera nada obstaría que la nueva Asamblea Nacional sesione permanentemente todo el año, además, y lo más importante, coadyuvaría (aun más si se quiere) "a la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría" -otro mandato constitucional- que deberán sustituir a intervenciones estériles o de reafirmación ¿revolucionaria?, y a la unanimidad. En caso de la segunda opción, la nueva Asamblea pudiera sesionar trimestralmente con una agenda legislativa debidamente planificada.
En ambas, el soberano, o sea, el pueblo, seguirá eligiendo directamente a quienes en definitiva tienen que representar sus intereses, haciendo leyes, que por su jerarquía normativa (después de la Constitución), deberán volver a regular todas las cuestiones esenciales de la sociedad cubana.
Por último, la idea de que en el hemiciclo norte se encuentren locales para la televisión, cabinas para procesar video y conexiones con el remoto, tal como contaba el reportaje publicado por Progreso Semanal, no me permite imaginar otra cosa como no sea sesiones de la asamblea nacional televisadas íntegramente, para el control popular y el (mayor si se quiere) fomento de la cultura política de nuestro pueblo, que podrá decir: así son nuestros diputados.
Más allá de las especulaciones, quedan otras interrogantes igual de trascendentes, como por ejemplo, si con un parlamento reducido, especializado y permanente, pudieran repensarse las funciones del Consejo de Estado; o si serían revocables directamente por el pueblo, los diputados a la nueva asamblea nacional; incluso, y más importante que todo lo dicho sería discutir si hace falta terminar El Capitolio ("tal vez el año que nieve") para emprender estas transformaciones en el máximo órgano del Poder Popular en Cuba.
Pero… en fin, de cualquier modo, ojalá y el cambio de sede del parlamento cubano hacia el Capitolio se concrete lo más pronto posible y ayude a capitalizar otras dinámicas políticas en el órgano que, en nombre de la soberanía popular, encarna al pueblo cubano.
*El autor es Dr. en Ciencias Jurídicas, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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