martes, 15 de julio de 2014

¿Deben los dirigentes declarar sus bienes?

Tomado de La Joven Cuba, por Roberto G. Peralo

En las transmisiones realizadas por la televisión cubana del tercer período ordinario de la 8va legislatura de La Asamblea Nacional, me llamó la atención algo allí ocurrido. Mientras más pensaba sobre el asunto menos encontraba una explicación convincente.

Cuando se presenta el informe de la liquidación del Presupuesto, la diputada Jennifer Bello hizo una propuesta a la Asamblea. El presidente Esteban Lazo pide opinión a la Ministra de Finanzas sobre dicha propuesta y luego la somete a votación. La que fue aprobada por unanimidad. En este artículo publicado por Granma se reseña lo sucedido.

Seguidamente trasmiten la rendición de cuenta de la Contraloría General de la República. Donde después de leerse el dictamen de contrapartida de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se realizaron varias intervenciones: la mayoría para halagar el trabajo del ministerio y una intervención de un Diputado de la Habana que hizo una propuesta.

Me llamó la atención que sobre la propuesta no se le preguntó opiniones a la Contralora, ni se le pidió criterios al resto de los Diputados, ni fue sometida por el presidente de la Asamblea a votación. ¿Por qué ese trato diferenciado a dos propuestas de Diputados? Incluso la prensa también omite esta propuesta.

La intervención se centraba: en crear por parte de la contraloría un programa que permita auditar a directivos, funcionarios del Estado y el sector empresarial. Uno de los principales problemas que está enfrentando nuestra sociedad es la corrupción. Un método muy efectivo para prevenirla es que los directivos tengan que hacer una declaración jurada de su patrimonio y que sean consientes que sus ingresos y gastos van estar sometido a auditoría de forma periódica.

Una de las funciones de la contraloría es prevenir y evitar la corrupción. Hoy se están dedicando a caerle atrás al problema. Crear un programa de auditorías a directivos y funcionarios del sector Estatal y Empresarial sería una medida preventiva, que evitaría muchos hechos de corrupción. Por lo que dejar pasar por alto dicha propuesta me parece algo poco lógico. Creo que al menos debió haberse debatido.

Ponerme a buscar una explicación coherente a lo sucedido sería caer en el terreno de las especulaciones. Permitir que estos fenómenos ocurran, sin una explicación coherente a la población, provoca que el órgano de dirección más importante del país pierda credibilidad. Estoy convencido que nuestro sistema democrático es mucho mejor al que nos quieren imponer desde el exterior, pero nosotros mismos, somos los únicos que podemos destruirlo con hechos como este.



 

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